¿Cómo destinamos presupuesto para enfrentar la crisis sin endeudarnos? Reavivemos el romance entre las APPs y los fondos de ahorro de los trabajadores

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“Al revisar una política, siempre me planteaba la pregunta: ¿qué coste tendrá para la economía si me equivoco? Si no hay riesgo de contrapartidas, puedes probar la política que quieras. Si el precio del fracaso es en potencia prohibitivo, deberías evitar esa medida aunque la probabilidad de éxito supere el 50 por ciento, porque no puedes aceptar el costo del fracaso” – Alan Greenspan, La era de las turbulencias.

Resulta complicado confiar en que las acciones que llevará a cabo el gobierno mexicano no fracasarán en el intento de disminuir (ya no digamos frenar) la gravedad de la crisis económica que se avecina. El motivador más fuerte detrás del presidente está claro: “estamos haciendo hasta lo imposible por no incrementar la deuda”. Mientras para muchos, la aversión a endeudar al país se asemeja a una fobia sin sentido, para otros la interpretación se resume en la renuncia a su proyecto político a cambio de pagar millones en intereses en el futuro a los banqueros capitalistas en lugar de que, ese dinero del futuro, fuera a los ciudadanos de a pie, ese sería el peor deal de la historia desde la perspectiva del presidente.

Pero ¿habrá alguna forma de encontrar un equilibrio donde ambos bandos ganasen? ¿Cómo podríamos encontrar la manera en la que aumentamos el gasto y la inversión pública y al mismo tiempo asegurarnos que el dinero pagado por el gobierno es destinado a los ciudadanos? La respuesta está en revivir los proyectos de inversión por asociación público-privada (APP).

Desde que comenzó el sexenio, los proyectos APP de largo plazo disminuyeron de forma importante su presencia en los esquemas de inversión de infraestructura pública. La razón de esta disminución estuvo, principalmente, respaldada por la percepción de que son “muy costosos” para el gobierno, pues al pagar la inversión en 20 o 30 años, resultaba que el gobierno erogaba, en términos nominales “más de 4 veces” el costo de la infraestructura en comparación con hacerla bajo Obra Pública.

Si bien, es que en términos nominales (es decir, sumando aritméticamente los flujos), los montos son significativamente más altos bajo esquemas APP, en realidad estos esquemas solucionan una lista importante de factores para el sector público, entre ellos: disminuyen el riesgo de ejecución, alinean los intereses de largo plazo del país con los intereses económicos de los inversionistas y uno de los más importantes: liberan presupuesto para las necesidades del país el día de hoy, distribuyendo el costo de la infraestructura a lo largo del tiempo.

¿Por qué hace sentido pagar por la infraestructura en el tiempo? Vamos a dejar que, al responder las siguientes preguntas, ustedes mismos lo descubran de forma sencilla: ¿Durante cuántos años se utilizaría un hospital en el Valle de México? O, por ejemplo; ¿Cuántas generaciones han manejado ya a lo largo de la autopista México-Acapulco? Imagínense; ¿Cuántos abuelos, hijos, nietos y bisnietos han utilizado el metro de la Ciudad de México?

Al responder esas preguntas, podemos contestarnos un par más. ¿Haría sentido que la población de hoy pagara por un hospital que también va a utilizar la población de mañana? Y, si incluimos la restricción por la que pasamos en México ¿sería justo castigar la generación de hoy al limitarla de recursos del gobierno a cambio de pagar, hoy, infraestructura que va a servir a otras generaciones también?

Por ejemplo, de acuerdo con un paper de expertos en la materia[1], las vías de un tren podrían tener una vida promedio de 50 años, mientras que el pavimento de una carretera podría durar entre 10 y 20 años y las plantas de tratamiento de agua entre 60 y 70 años. Esto significa que decidirse por pagar hoy un tren, una carretera o una planta de tratamiento de agua, significa pedirle a la población de hoy que pague por algo que probablemente use con mayor frecuencia la generación que viene.

Fuente: Union of Concerned Scientists

Una vez que entendemos este concepto, viene la siguiente parte de la conversación. ¿Por qué se vuelve “tan caro” pagar a plazo? La respuesta simple es: por el valor del dinero en el tiempo, un concepto que básicamente explica que tener dinero hoy, vale más que tenerlo mañana, por muchas razones; el riesgo de que mañana no te paguen o te paguen a medias, que mañana no exista quién te pague o incluso que no existas para que te paguen.

Pero a la vez, el valor del dinero en el tiempo tiene una íntima relación con el costo de oportunidad, el cual es el tema central. Tener dinero hoy te permite hacer frente a gastos y/o inversiones necesarias en el presente. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por traer dinero del futuro y ayudar a la generación de hoy? Lo que es equivalente a decir, ¿a qué % del dinero del futuro estás dispuesto a renunciar para actuar financieramente hoy? A este %, los financieros, desde la era de Keynes le llamamos la tasa de descuento.

Pongamos un ejemplo sencillo, una inversión en para la construcción de una línea de Tren de, por poner un número, alrededor de 1,500 km digamos que podría costar cerca de 150 mil millones de pesos en tres años de construcción. Supongamos que, como gobierno, está justificado construir ese tren para desarrollar una región del país. Tenemos dos opciones: pagamos el tren con dinero de hoy, o distribuimos el costo a lo largo de la vida del propio tren, digamos 30 años.

Si partimos de otro supuesto, donde la economía de este país está entrando en una recesión producto del brote de Coronavirus y la caída en el precio del petróleo, los cuales han detenido una parte importante del consumo y los servicios, por lo que sería justo decir que el gobierno tiene una encrucijada más; es posible que los ingresos fiscales y petroleros no sean suficientes para llevar a cabo una política anticíclica y pagar el tren con dinero de hoy, habría que endeudarse. No obstante, el presidente tiene una aversión a contratar deuda por temor a ceder soberanía, entre otros.

¿Está todo perdido? Tal vez no. Distribuir el costo de los 150 mil millones de pesos en 30 años, con una tasa de retorno de, digamos 12% nominal, implicaría pagar cada año, a partir de que el tren esté terminado alrededor de 20.7 mil millones de pesos por concepto de la infraestructura construída (no incluye operación), esto significa que 1) durante los tres primeros años de construcción, el gobierno no pague ni un peso, pudiendo destinar en tres años, los 150 mil millones de pesos de presupuesto a programas sociales o apoyos a comerciantes y Pymes que son los más necesitados en esta crisis, 2) que en los años subsecuentes, pagará cada año apenas el 15% de toda la inversión, lo cual significa que dará tiempo de que los ingresos fiscales crezcan y el pago anual sea una fracción menor de ellos con el paso de los años y 3) que en efecto, el costo nominal total terminará siendo 4.3 veces el monto original, es decir, la sumatoria de todos los pagos va a ser igual a 642.3 mil millones de pesos distribuidos en 30 años.

Perfil típico de inversión y pago de una APP por disponibilidad

Quizá esta es la parte más delicada de todo: ¿los individuos mexicanos vamos a pagarle un retorno del 12% a los capitalistas oportunistas que se van a aprovechar de la necesidad del país para abusar y cobrar 4 veces el costo real de hacer el tren? No necesariamente. Empezando porque los ingresos fiscales no sólo provienen de los trabajadores, también de las empresas y sería poco preciso decir que todo el gasto de gobierno lo pagan los individuos.

En adición a eso, a muchas personas les sorprenderá saber; los mayores ahorradores de este país son los propios trabajadores a través de sus fondos para el retiro administrados por una serie de profesionales de las inversiones que van desde las propias AFORES hasta fondos especializados en inversiones privadas (conocidas como Private Equity) que están constantemente buscando dónde invertir el dinero de los trabajadores para darles un retorno en 30 o 50 años que sea digno y suficiente para su retiro. Hoy, el monto que se administra para el retiro de los trabajadores sólo en las SIEFORES es de 4 billones de pesos[2], sí, leyeron bien.

Sin embargo, este monto debe invertirse, en su mayoría, en activos de poco riesgo para preservar el capital de los trabajadores. Para ser precisos, lo máximo que pueden invertir las Afores de aquellas personas nacidas entre 1970 a la fecha en instrumentos “estructurados[3]” es de 20%. Para las personas mayores decrece hasta el 10%.

Fuente: Consar

Si bien, la Consar no ha publicado los datos desagregados de recursos bajo gestión por cada SIEFORES generacional (debido al cambio de regulatorio que tomó lugar hace 5 meses), con los datos de las SIEFORES Básicas a noviembre del año pasado (el más reciente)[4], el potencial de inversión en estructurados era de alrededor de 656 mil millones de pesos, de los cuales sólo estaban invertidos en estos instrumentos 240 mil millones, es decir había un potencial de 416 mil millones de pesos para invertir en capital, que tan sólo suponiendo que el 25% se pudiera destinar a infraestructura, esto implicaría cerca de 100 mil millones, los cuales al momento de invertirse en proyectos casi siempre van acompañados de deuda en una relación, conservadora, de 60/40, esto quiere decir que esos 100 mil millones podrían convertirse en una inversión total de 250 mil millones de pesos y creciendo.

Elaboración propia con datos de la Consar

¿Esto significa que podemos tomar sus ahorros y construir el Tren y/o la obra que se le ocurra al gobierno con el dinero de los trabajadores? NO. Es muy importante que el gobierno se dé cuenta que los trabajadores de este país son inversionistas, y como cualquier inversionista tiene que crear las condiciones necesarias para que los proyectos hagan sentido y sean atractivos para ellos, no obligarlos, no expropiarlos y no abusar de su confianza como no abusaría de la confianza de sus propios gobernados.

¿Cómo los podemos incentivar? Hagamos proyectos que tengan sentido económico de largo plazo (energía renovable, transporte de mercancías de exportación, carreteras, plantas de tratamiento de agua y centrales de almacenamiento de combustibles, por ejemplo), empujemos a fortalecer y crecer los equipos de inversión con personal calificado, demos facilidades para la participación de estos instrumentos en licitaciones públicas (que hoy hay muchas restricciones para esto) e incluso, demos puntos en las licitaciones a aquellos consorcios que tengan como inversionistas a los fondos gestionados por las Afores así como se dan puntos a las características técnicas.

La ventaja de ver a los trabajadores como inversionistas es que, ahora haría mucho más sentido pagar un retorno del 12%, ¿no? No sería lo mismo pagarle un retorno del 12% a una multinacional que a los trabajadores, por múltiples razones: 1) ese retorno del 12% estaría asegurando consumo futuro de los ahorradores cuando se retiren, 2) bajaría la carga fiscal para apoyar a los adultos mayores en unos años si los retornos de sus ahorros fueron suficientes para asegurarles una vida digna y 3) recompensas a la generación de hoy por haber tomado el riesgo de pagar infraestructura hoy al tiempo que le cobras a las generaciones subsecuentes una infraestructura que estarán utilizando también.

Qué bonito sería decir que se pudo ejecutar una política contra cíclica durante la crisis, que no se endeudó al país con institutos internacionales y que se lograron ejecutar proyectos de inversión de infraestructura que desarrollaran las regiones que el gobierno considere necesarias, al mismo tiempo que ese “sobrecosto”, se le pagó a los trabajadores de hoy con dinero de los trabajadores y empresas del futuro, quienes por cierto también se beneficiarán de esos proyectos el día de mañana, ¿no?


[1] https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2017/11/gw-whitepaper-smart-infrastructure.pdf

[2] https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/Enlace.aspx?md=1

[3] Estos instrumentos están especializados en inversiones de capital privado, infraestructura y real estate. Se le llaman estructurados porque tienen reglas de inversión específicas y particulares para cada uno de ellos y normalmente ofrecen un rendimiento preferente al inversionista (mínimo antes de que el gestor pueda ganar un monto adicional a la comisión por gestión) para después repartir las ganancias excedentes entre el gestor y el inversionista.

[4] https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/Series.aspx?cd=134&cdAlt=True

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